La Corte Constitucional realizó una audiencia pública este viernes para analizar la prohibición de deducibilidad de las regalías sobre el impuesto de renta, una medida altamente controvertida introducida por la Ley 2277 de 2022, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, que fue aprobada el año pasado.
El magistrado Jorge Enrique Ibañez resaltó que tres demandas de inconstitucionalidad fueron inicialmente presentadas contra esta disposición, y se han agregado otras demandas que también serán consideradas.
Entre los puntos planteados en estas demandas, se encuentra una preocupación sobre el trato desigual entre los contribuyentes, entre otros reclamos. El representante a la Cámara Carlos Eduardo Osorio, uno de los demandantes, señaló que su demanda subraya las profundas inequidades y deficiencias legales de la medida impugnada y afirmó que esta vulnera el principio de equidad tributaria establecido en la Constitución Política, al no permitir la deducción de las regalías.
Según el congresista, las regalías son gastos asociados a la actividad productiva y no contribuyen al incremento o fortalecimiento del patrimonio. En defensa del Gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participó en la audiencia y defendió las medidas aprobadas en la reforma tributaria del año anterior relacionadas con este asunto.
Bonilla afirmó que el Estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables, y las regalías representan recursos del estado que constituyen una compensación económica, con rango constitucional, pagada por aquellos que explotan un recurso natural no renovable.
El ministro enfatizó que el impuesto de renta es una de las principales fuentes de ingresos del Estado, mediante el cual se financia una parte importante del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, aclaró que el Gobierno no puede aprobar unilateralmente ninguna norma tributaria, ya que es un proceso que se lleva a cabo en el Congreso.
Bonilla argumentó que permitir la deducibilidad de las regalías significaría ceder parte de la propiedad del Estado y limitar la organización del presupuesto general, lo que podría tener implicaciones en la financiación de sectores como Ambiente, Deporte y Recreación o Cultura, si la reducción total de las regalías ascendiera a $3.800 millones.
Durante la audiencia, también intervino la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien defendió que la reforma está generando «una condición de justicia que no existía antes», ya que las regalías son una compensación directa por las externalidades sociales y ambientales que se producen en las áreas extractivas, y un reconocimiento de la compensación por los recursos que son propiedad de la Nación.
Vélez destacó que los artículos 332 y 360 de la Constitución Política establecen claramente que las regalías son una contraprestación económica que debe ser otorgada sin perjuicio de otros derechos o compensaciones. En consecuencia, el sistema general de regalías se considera diferente de otras formas de tributación.