El pasado 19 de mayo se sancionó la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y presenta grandes cambios a diferentes normas, incluyendo las de materia laboral y tributaria.
Después de un período de tres meses de debate, análisis y votaciones, se sancionó la Ley 2294 de mayo de 2023, la cual establece el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2022-2026. Este plan es de suma importancia para el Gobierno nacional, ya que define la dirección y los objetivos de su gestión.
El plan se compone de cinco grandes transformaciones: el derecho humano a la alimentación, el ordenamiento del territorio en torno al agua, la seguridad humana, la economía productiva para la vida y la lucha contra el cambio climático, y la convergencia regional.
Para alcanzar estos objetivos, se implementarán cambios en diversas normas, especialmente en las áreas tributarias y laborales. En materia tributaria, los cambios más significativos incluyen la extensión de los beneficios de auditoría, la inclusión de nuevas entidades no sujetas al impuesto sobre la renta, la condonación de deudas tributarias y la movilización de activos, la introducción de una contribución nacional de valorización, y la implementación de mecanismos de obras por impuestos, entre otros aspectos.
En cuanto a las novedades laborales, se destacan medidas como la implementación de una política pública para garantizar trabajos dignos y decentes, la reducción de las contribuciones a la salud para los pensionados, la prórroga de los incentivos para el empleo formal, la formalización del empleo público, y la compensación a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) que cubran riesgos con alta siniestralidad, entre otros.
Estos cambios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo tienen como objetivo fundamental promover la justicia social en el país, tal como se establece en su primer artículo.